Confirma con ello el cambio de criterio iniciado en sentencia de noviembre de 2019 en el que señalaba que lo relevante es el carácter obligatorio de la indemnización, en una cuantía mínima obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, en esa cuantía la indemnización está exenta de tributación en el IRPF.
Le informamos que el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia con fecha de 4 de septiembre de 2020 en la que dictamina que los altos directivos tienen derecho a disfrutar de un mínimo fiscalmente exento en el IRPF sobre las indemnizaciones que perciban al ser despedidos o cesados por sus empleadores.
Se trata de la segunda sentencia en este sentido, que fija definitivamente los criterios a seguir y, por tanto, jurisprudencia alegable por el resto de Tribunales, y que debe cumplir la Administración tributaria tras diversas controversias al respecto con la Agencia Tributaria, así como con el mismo Tribunal, que año atrás había declarado íntegramente sujeta al IRPF la indemnización de un alto directivo.
En el caso en cuestión, el alto directivo había pactado con la empresa una indemnización superior a la prevista por el Estatuto para los trabajadores ordinarios, que además tuvo que ser posteriormente elevada a un importe bruto que finalmente superó los 500.000 euros.
Debe tenerse en cuenta que los altos cargos se rigen por un Real Decreto (1382/1985) que prevé la libertad de pactos entre el directivo y la empresa.
El directivo inició su reclamación contra Hacienda en 2013, al reclamar la rectificación de la autoliquidación de IRPF relativa al ejercicio 2012. Tras agotar la vía administrativa, inició la vía judicial hasta alcanzar una estimación judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fijó que toda indemnización por despido está sujeta a una exención fiscal de siete días de salario por año trabajado con el límite de seis mensualidades, que "ha de ser considerada como una indemnización mínima obligatoria, para los supuestos de desistimiento del empleador de un trabajador de alta dirección, incluso en los casos de pacto expreso, que excluya toda indemnización por cese".
Tras elevar dicho conflicto al Supremo, el Alto Tribunal ha ratificado dicho criterio que ya había sido fijado en una anterior Sentencia de noviembre de 2019 estableciendo que "en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".
Con esta doctrina no se genera una eventual situación de enriquecimiento injusto de la Administración respecto de la renta que sobrepase el límite obligatorio de la exención puesto que no puede olvidarse que el sujeto pasivo no declaró las rentas percibidas en concepto de indemnización por cese.
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